El invierno del gas

La guerra en Ucrania ha dado lugar a una crisis energética en toda Europa marcada por el encarecimiento de los suministros. Ante este escenario, España adolece de una regulación más efectiva, según los expertos.

Instalaciones de la estación de compresión de Enagás en Irún (Guipúzcoa), esta semana.
Instalaciones de la estación de compresión de Enagás en Irún (Guipúzcoa), esta semana.
Europa Press

Las infraestructuras de gas españolas, en gran medida infrautilizadas, son fruto de inversiones pasadas erróneas que acaban siendo financiadas por el consumidor. El marco regulatorio actual del gas se estableció durante una fase de expansión de la demanda, por tanto debe ser ajustado de tal manera que grantice una reducción de las emisiones. Estas afirmaciones aparecen en el informe ‘¿Hacia cero emisiones netas? Regulación de la infraestructura e inversión en el sector del gas en España’, elaborado por Albert Banal- Estañol, profesor titular del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

El experto sostiene que el actual marco regulatorio de la industria española del gas natural «fomenta la sobreinversión en infraestructuras como el MidCat (el proyecto de gasoducto entre España y Francia) y no es compatible con los objetivos de la política climática de la Unión Europea a largo plazo». Así lo expresó en una jornada celebrada en días pasados en Madrid con el título ‘El invierno del gas’. Un encuentro en el que también participaron Ana María Jaller-Makarewicz, analista del sector energético del IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis); Natalia Collado, economista investigadora del Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol, y Paz Serra, responsable de proyectos de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). Ponentes que con diversos puntos de vista coincidieron en reclamar reformas en la regulación del gas para mejorar la protección de los consumidores y del clima ante las propuestas de nuevas infraestructuras como la citada iniciativa MidCat.

Jaller-Makarewicz, que presentó otro estudio (‘Capacidad y remuneración aún excesivas en el sector del gas español’), bajó más al terreno en una de sus intervenciones al señalar que «la regulación de la tasa de retribución ha alentado a Enagás a invertir excesivamente en infraestructuras gasistas, con lo que ha provocado la subida de los costes que tienen que cubrir los consumidores españoles».

Los estudios de Banal-Estañol y de la analista del IEEFA muestran que las decisiones de inversión en plantas de gas natural licuado (GNL) y gasoductos transfronterizos acordadas durante la primera década del 2000, cuando se pronosticaba un aumento de la demanda doméstica que finalmente nunca se llegó a materializar, provocaron una inflación del valor de los activos regulados, que se utilizan para determinar los ingresos permitidos de los operadores, las tarifas de acceso a la infraestructura y, por lo tanto, las tarifas de los consumidores.

Ambos informes revelan, en todo caso, que el exceso de capacidad producido como consecuencia de estas decisiones ha llevado a tasas bajas de utilización de las infraestructuras gasistas en España.

Los estudios de dos expertos sobre el gas abordados en una mesa de debate en Madrid revelan que el exceso de capacidad producido como consecuencia de las decisiones acordadas en los primeros años de este siglo ha llevado a tasas bajas de utilización en España. De hecho, según se dijo en esa jornada, las plantas de regasificación de gas natural licuado (GNL) que están operativas representan casi un tercio de la capacidad de importación de GNL de Europa, pero sus índices de utilización son de los más bajos del continente. Entre enero de 2019 y junio de 2022, la tasa anual de utilización de la capacidad de regasificación española nunca ha superado el 56%, a pesar del incremento de los volúmenes de importación de GNL. La planta de Barcelona, por ejemplo, tiene la mayor capacidad de regasificación de España, pero solo ha llegado a un índice medio de utilización del 32% durante el primer semestre de 2022.

Los informes de los expertos Banal-Estañol y Jaller-Makarewicz recalcan que este exceso de capacidad ha contribuido a una elevada factura energética. Por ejemplo, los precios medios del gas que tuvieron que pagar los hogares españoles entre 2015 y 2020 fueron los segundos más altos de Europa, solo por detrás de los de Suecia.

Los casos de sobreinversión en sobrecapacidad en España (como se puede observar en el caso del fallido proyecto Castor, articulado frente a las costas de Castellón) no se deben únicamente a la falta de acierto en las previsiones, sino también a los excesivos incentivos a la inversión estipulados en su marco regulatorio. En este sentido, Ana María Jaller-Makarewicz subraya que «el sistema regulatorio actual garantiza a Enagás una tasa fija de rentabilidad por inversiones en infraestructuras, independientemente de si el país realmente necesita o no esas instalaciones. Nos preocupa que las decisiones puedan obedecer a motivaciones políticas o remunerativas y no a las necesidades técnicas del sistema».

La analista del IEEFA insiste en que existe un riesgo importante de que se repita el error de construir infraestructura en exceso, con inversiones que pueden dar lugar a más activos varados en el futuro y que al final sean los consumidores españoles de gas quienes tengan que pagar por ello.

«Seguir hablando del MidCat o subvencionando calderas de gas es una irresponsabilidad. Las personas consumidoras ya estamos pagando enormes cantidades en forma de peajes y costes fijos por infraestructuras de gas sobredimensionadas y que en pocos años quedarán obsoletas», señala por su parte Paz Serra, responsable de proyectos de la organización de consumidores CECU. «Las energías renovables ya han demostrado ser la fuente de energía más estable, segura y barata para los hogares. En lugar de dedicar más fondos a nuevas infraestructuras gasistas que nos atarían a seguir usando este combustible fósil durante más tiempo, el Gobierno y las comunidades autónomas deberían estar hablando de ayudas para mejorar la eficiencia energética o para sustituir calderas de gas por bombas de calor», indica.

Francia, el Reino Unido y el tope al gas en España

La jornada sobre ‘El invierno del gas’ en Madrid y las alusiones a los informes de dos de los expertos que participaron en ella permitieron conocer la situación en la que está España en lo relacionado con esta fuente energética frente a otros países de nuestro entorno. La regulación que tenemos, según se puso de manifiesto, nos coloca en desventaja en un escenario tan complicado como el que vivimos hoy al padecer las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania.

Alberto Banal-Estañol, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra, señala en su informe ‘¿Hacia cero emisiones netas?...’ que España va rezagada en relación con las mejores prácticas que se realizan en Francia y en el Reino Unido.

Por una parte, señala, el sistema británico aporta ideas sobre cómo crear un marco regulatorio eficiente y centrado en el rendimiento de la industria. De hecho, precisa, «a diferencia de España, el regulador del Reino Unido, Ofgem, se centra en la inversión sostenible y en la I+D, lo cual es de vital importancia si se tiene en cuenta que gran parte de la tecnología que permitirá alcanzar los objetivos de cero emisiones netas aún no ha sido diseñada ni implementada».

Por su parte, el sistema francés, puede dar pistas a España sobre cómo optimizar el equilibrio entre las necesidades de la infraestructura actual y la futura para así evitar la existencia de activos varados en el futuro.

El estudio de Banal-Estaño, además, pone de manifiesto que Francia y el Reino Unido han alcanzado sus objetivos de infraestructura consiguiendo un reparto de riesgos más equilibrado entre los inversores privados, el Gobierno y los consumidores. «Esto difiere de España, país que ha trasladado un riesgo demasiado elevado al consumidor final», apunta el experto. Según la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), precisa, los peajes para el mantenimiento de instalaciones de gas supusieron la mitad del coste de la factura de los consumidores en 2021.

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En la jornada se habló del tope al precio del gas acordado para España y Portugal, una medida que Natalia Collado, economista investigadora en Esade EcPol, «ha conseguido reducir los precios del gas, pero su efectividad se ha visto atenuada por debilidades en el diseño, condiciones meteorológicas adversas y una escalada sin precedentes en el precio del gas». La extensión de esta medida al resto de Europa, dijo Collado, presenta importantes riesgos como, por ejemplo, un aumento de las exportaciones a países extracomunitarios al disponer de mayores interconexiones que la península ibérica y un posible aumento de la generación con gas, por lo que serían más adecuadas otro tipo de políticas para aliviar el impacto en la población.

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