La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) pide a la Unión Europea que "reconsidere" la cooperación que mantiene con las autoridades libias para contener la inmigración, dado el alarmante clima de violencia y el aumento del racismo en medio de la pandemia. En un nuevo informe que publica este jueves, la ONG documenta cómo decenas de miles de personas refugiadas y migrantes en el país norteafricano "están a merced de un círculo vicioso de crueldad, con posibilidades escasas o nulas de encontrar vías seguras y legales que les permitan salir de esa situación". En Libia, según documenta AI, estas personas sufren xenofobia, abusos sexuales, malos tratos, torturas y otros actos de violencia, en un contexto de total impunidad exacerbado por el conflicto armado en el que está inmerso el país desde 2011 y acrecentado por el Covid-19.
La denuncia de AI llega un día después de que la Comisión Europea anunciase su propuesta para un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Según recuerda la organización, desde 2016 varios Estados miembros de la UE, con Italia a la cabeza, colaboran con las autoridades libias para interceptar las embarcaciones en las que los inmigrantes y refugiados intentan cruzar el Mediterráneo rumbo a Europa. AI cita estimaciones que contabilizan en 60.000 las mujeres, hombres, niños y niñas capturados en el mar y desembarcados por la Guardia Costera Libia desde 2016 con la ayuda de la UE. En lo que llevamos de 2020, la Guardia Costera libia ha interceptado a 8.435 personas, según la Organización Internacional para las Migraciones. Una vez devueltos, regresan al infierno del que habían huido.
La colaboración europea se ha traducido durante este tiempo en apoyo logístico y financiero a los guardacostas libios, en concreto, proporcionando lanchas motoras, capacitación y asistencia en la coordinación de operaciones marítimas. Sin embargo, no se ha exigido a las autoridades libias la condición previa de respetar los derechos humanos. Libia está dividida en dos gobiernos rivales que luchan entre sí: el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), respaldado por la ONU y la UE, con base en Trípoli, y la Cámara de Representantes de Tobruk, aliada del mariscal Jalifa Haftar, 'hombre fuerte' del este del país.
Además de la guerra, el coronavirus se ha convertido en otra amenaza para las personas más vulnerables. "Tras años de guerra que asolaron al país, Libia es ahora un contexto incluso más hostil para las personas refugiadas y migrantes que aspiran a una vida mejor. En vez de recibir protección, se topan con un extenso repertorio de abusos gravísimos contra los derechos humanos y ahora, además, se las culpabiliza injustamente por la propagación de la pandemia de Covid-19, con pretextos netamente racistas y xenófobos", afirma Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
Dos pandemias: Covid-19 y racismo
Según la investigación realizada por la ONG, el racismo y los ataques xenófobos que ya sufrían las personas migrantes y refugiadas -llegadas sobre todo de Sudán del Sur, Eritrea, Etiopía o Somalia- se han visto acrecentados por la pandemia. "Tanto funcionarios como ciudadanos particulares culpan públicamente a las personas refugiadas y migrantes por la propagación del virus", afirma. Con la excusa de que son "portadores de enfermedades peligrosas", se les deporta de forma sumaria, asegura AI, cuyo trabajo documental revela que en 2020 las autoridades del este del país han expulsado a más de 5.000 refugiados y migrantes sin un proceso legal.
El informe documenta casos como el de tres personas de nacionalidad chadiana que fueron obligadas a bajar del autobús en el que viajaban a las puertas de la ciudad de Kufra. Hombres armados les forzaron a hacerse un test de Covid-19 tras lo cual fueron abandonadas en pleno desierto, a las afueras de la ciudad. El resto de viajeros, ciudadanos libios, pudieron ingresar en Kufra sin que se les exigiera pruebas de detección del virus.
Centros de detención y traficantes
Los migrantes y refugiados interceptados y devueltos a Libia son detenidos en centros oficiales dependientes del Gobierno de Acuerdo Nacional, donde se hacinan miles de personas. Estos centros son gestionados por las milicias armadas que apoyan al Ejecutivo respaldado por la comunidad nacional, pero cuyos métodos no respetan los derechos humanos. Además de estas instalaciones oficiales, existen centros de detención no oficiales. En ocasiones, las propias milicias trafican con seres humanos, perpetran desapariciones forzadas y secuestros para cobrar rescates. Otras veces estas personas se ven en medio del fuego cruzado de los enfrentamientos entre diferentes grupos armados rivales.
Las informaciones publicadas en el informe constatan esta relación. AI habla, por ejemplo, de dos destacados comandantes con vínculos oficiales con el GNA, pese a que han sido objeto de órdenes de arresto por parte de la Fiscalía libia y que figuran en la lista de sanciones de la ONU por su presunta participación en trata de personas. Se trata de Ahmad al Dabbashi, conocido como "Al Amou" y que combate al lado del Ejecutivo de Trípoli según informaciones que lo situaron en los enfrentamientos en abril de 2020, y de Abdelrahman Milad, alias "Al Bija", quien es actualmente comandante de la Guardia Costera Libia en la refinería de petróleo de Al Zawiya.
Los testimonios recabados en el informe, titulado "Entre la vida y la muerte: refugiados y migrantes atrapados en un ciclo de abusos en Libia", son dramáticos. "Decenas de personas refugiadas y migrantes manifestaron a Amnistía Internacional haber presenciado la muerte de seres queridos mientras se encontraban detenidas en centros oficiales o en otros lugares de cautiverio gestionados por traficantes", señala la ONG.
Y da cuenta de un terrible caso ocurrido el 27 de mayo en una instalación de la localidad de Mizda donde traficantes retenían a cerca de 200 migrantes y refugiados. Ese día, los milicianos abrieron fuego contra ellos, matando al menos a 30 personas e hiriendo a 11. "Se desconoce qué le ocurrió a las demás, pero se teme que hayan muerto o puedan haber sido secuestradas", revela la organización. La impunidad ha impuesto el silencio sobre la rendición de cuentas.
"Pese a este panorama y a encontrarnos en el año 2020, la Unión Europea y sus Estados miembros insisten en implementar políticas que dejan atrapados a decenas de miles de hombres, mujeres, niños y niñas en un círculo vicioso de abusos. Al hacerlo, muestran un desprecio absoluto por la vida y la dignidad de las personas", añade Eltahawy.
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